Democracia argentina
Escrito Por: lie en Economia, historia, Sociedad y Estado | 2 de September del 2010
Resumen del libro de Elina Mecle y Daiana Neri “25 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA ¿QUÉ TIPO SUPIMOS CONSTRUIR?”
Texto CBC de Sociedad y Estado
En este trabajo se analiza la institucionalización y consolidación del sistema democrático de la Argentina a lo largo de los últimos 25 años hasta el gobierno de Kirchner.
El texto aborda los distintos gobiernos desde 1983 a 2010 en la Argentina.
La reflexión final del trabajo nos lleva a plantear : Qué democracia tenemos?
LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA IMPLICA LA CONTINUIDAD DE LA DEMOCRACIA FORMAL, es decir la vigencia de procesos electorales transparentes y libertades políticas efectivas. Esto lo determinó la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder Civil
Alfonsín promueve el juicio a las Juntas Militares pero también las leyes de Obediencia debida y Punto final que menoscabaron el accionar político en relación al terrorismo de Estado y minaron la credibilidad de la democracia como reparadora de crímenes de lesa humanidad y debilitaron institucionalmente su gobierno.
Menem logra subordinar a las Fuerzas Armadas con un altísimo costo político y social al librar el indulto
Kirchner logra recuperar la credibilidad con la declaración de inconstitucionalidad de esas leyes por la Nueva Corte Suprema.
En todos los períodos mencionados la democracia formal se expresó como DEMOCRACIA DELEGATIVA
LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA IMPLICA DEMOCRATIZACION Y AMPLIACION DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA. La cuestión social tuvo tendencia desfavorable con Alfonsín y Menem y se recuperó con el gobierno de Kirchner. La hiperinflación creó nuevas formas de presión de los grupos económicos que se alejaron de los militares pero se acercaron a los capitales internacionales para disciplinar a la sociedad e implementar la reforma neoliberal.
Las diferentes crisis sociales y económicas ayudaron a la DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS AL PODER EJECUTIVO, DETERIORO DE LAS ESCALAS DE CONTROL DEL SISTEMA DEMOCRATICO Y FRAGILIDAD DE INSTITUCIONES, como Corte Suprema, Consejo de Magistratura, etc.
Los cambios del Kircherismo que permitieron la reducción de la pobreza e indigencia, la inclusión a través del empleo, la tibia redistribución de la riqueza, la promoción del asociativismo con relación a la promoción de derechos y las discusiones salariales y la contundente defensa de los derechos humanos permitió construir una democracia no solo inclusiva sino también REPUBLICANA
1. ¿Qué entendemos sobre el concepto de democracia?
Según O’Donnell
La democracia como sistema político debe ser analizada a partir del régimen político y también a partir del Estado y del contexto social.
Teniendo en cuenta la desconfianza histórica que despertó el ejercicio del poder político en cualquier sociedad es que se hacen necesarias las prácticas de balance y control de los regímenes democráticos para lograr una convivencia estable.
Estas prácticas se conocen como ACCOUNTABLILITY y son de tipo HORIZONTAL y VERTICAL.
Esa convivencia es difícil de construir frente a las decisiones que toman los representantes elegidos por el pueblo y los controles que deben existir para que esas decisiones no sean nocivas a algunos sectores de la sociedad misma.
Las prácticas de balance y control son
Accountability vertical electoral
Accountability vertical societal
Accountability horizontal de balance
Accountability horizontal de asignación
A. V. electoral es el desempeño de elecciones limpias
A. V. societal es un mecanismo vertical de control del poder político (no electoral) a través de asociaciones civiles, movimientos de ciudadanos y medios de comunicación que con sus denuncias activan el accionar del circuito de control horizontal
A. H. de balance: es un control mutuo o de balance de poder entre diferentes agencias o poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Estas prácticas de control tienen limitaciones por lo que surgieron las A H de asignación.
A. H. de asignación surgen para prevenir, supervisar, auditar o sancionar prácticas ilegales de otras agencias estatales: auditorías, fiscalías, defensorías del pueblo, etc.
O’Donnell también marca la direcencia entre DEMOCRACIAS NUEVAS O RECIENTES y VIEJAS DEMOCRACIAS EUROPEAS, plenamente institucionalizadas, consolidadas o representativas.
Las Nuevas Democracias son las existentes en America Latina que tienen un legado autoritario marcado por los precedentes gobiernos militares. La alternancia de regímenes democráticos y autoritarios afectó el perfil de Estado generando ciudadanías de baja intensidad. No hubo homogeneidad en todos los territorios impidiendo dar iguales garantías y derechos a todos y cada uno de los sectores sociales.
El hecho de que el Estado no puede imponer sus decisiones efectivamente le quita credibilidad ante la ciudadanía. Esto se ve en America Latina con casos de violencia cotidiana, rutina en las prácticas políticas corruptas, impunidad en algunos sectores, irregular impartición de justicia, violación de derechos humanos demostrando que a veces el Estado no puede impartir sus medidas en forma eficiente.
Estas democracias son denominadas también DEMOCRACIAS DELEGATIVAS en contraposición con las democracias consolidadas que son representativas.
La idea de delegación supone que el poder ejecutivo tiene el derecho de realizar lo que crea necesario para los destinos del país. En este sentido se carece de fortalecimiento en las instituciones representativas lo que significa falta de control sobre la validez y legalidad de las acciones del poder ejecutivo (Accountability horizontal) por parte de otros organismos públicos o poderes autónomos entre si.
El resultado de esta democracia delegativa supone que el poder ejecutivo se concentra, que se pongan en práctica decretos de necesidad y urgencia, que pierda poder el Congreso y la Corte Suprema, que falte eficacia y eficiencia en los organismos de control. Además en estos casos aparece un fenómeno de despolitización de la población que coexiste con profundas crisis económicas.
2. La democracia en tiempos de La transición: El gobierno de Alfonsín
Alfonsín ganó en las elecciones de octubre de 1983 con el 52% de los votos.
En términos políticos institucionales la transición que vivió Argentina entre el final del régimen autoritario del golpe del ’76 al régimen democrático que se inicia en el ’83, se conoce como “transición por ruptura”, porque hubo por un lado imposibilidad de establecer un pacto institucional que permita construir las nuevas reglas de juego y por otro ausencia de un acuerdo partidario entre las fuerzas políticas del momento para evitar disputas políticas ante grandes temas.
Los militares fracasaron en el terreno económico, promovieron la violación sistemática de los derechos humanos y despolitizaron a la sociedad a través del terror y provocaron una guerra en Malvinas con el fin de sostener el régimen ante una previsible caída.
El gobierno de Alfonsín tenía el doble desafío de: asegurar la continuidad y validez democrática y construir su gobernabilidad afrontando temas como el nuevo rol del Estado. Esto significaba la necesidad de lograr:
• La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil
• Estabilizar la economía
El gobierno radical creyó que con la restauración de la democracia, el Estado de Derecho, la Ética Pública y el fortalecimiento de las instituciones se resolvían las cuestiones políticas y económicas.
Las cuestiones políticas: la transición institucional a la democracia resultó inconclusa por el fracaso de la subordinación de las fuerzas militares al poder civil, a causa de reiteradas insurrecciones que dieron como resultado las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida mas una débil consolidación del conjunto de las instituciones
Las cuestiones económicas: el gobierno debía por un lado adecuar un modelo de acumulación acorde a las nuevas reglas de juego internacionales y por otro lado cambiar el patrón histórico de intervención del Estado en la economía y en la sociedad.
El patrón de comportamiento del Estado con economía sustitutiva, cerrada o semicerrada, con intervención y regulación de las relaciones sociales con respecto a empresarios, sindicatos, clase obrera y mercado, presentaba signos de deterioro.
Las nuevas reglas de juego las determinó:
• La crisis mundial del sistema capitalista a raíz del aumento del precio del petróleo a mediados de los ‘70
• El aumento abusivo de la deuda externa de los países de America Latina especialmente Argentina.
• La crisis político económica de los países socialistas que culminó con la caída del muro de Berlín.
• Todo concluye con la renovación e imposición del viejo paradigma ideológico liberal-conservador
Ante los cambios, los países de America Latina necesitaban insertarse al mercado mundial en un marco de globalización. Estos conceptos neoliberales tuvieron campo fértil en la región a partir de la complicidad con los gobiernos instaurados por el golpe militar de 1976 y los otros gobiernos militares de la región.
La pretensión del gobierno radical de poner en marcha alguna de las recomendaciones neoliberales como el ajuste fiscal y las privatizaciones de empresas estatales de bienes y servicios públicos recibió la oposición tanto de las corporaciones de empresarios parasitarios de la antigua matriz Estado Céntrica como de las asociaciones gremiales y sindicales y también de la opinión política (el peronismo pasaba por una aguda crisis por la derrota electoral)
Por la grave crisis económica y social, el gobierno pone en marcha el Plan Alimentario Nacional, que buscaba luchar contra la indigencia y puso en evidencia que un país basado en una economía de recursos alimentarios tenía un amplio sector de la población con amplias carencias nutricionales.
También pone en marcha el Congreso Pedagógico Nacional para reestructurar el sistema educativo en crisis y evidenció las falencias de un sistema educativo nacional en progresivo deterioro.
Impulsó y concretó la creación del Consejo para la Consolidación Democrática que debía estudiar la posibilidad de una Reforma Constitucional y la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) que investigara sobre los crímenes cometidos en la dictadura.
El Juicio a los Responsables de la Dictadura fue un avance institucional de la democracia a nivel latinoamericano. Demostró la voluntad de la autoridad política de imponer castigo a los culpables de la desaparición de personas, torturas, apropiación ilegítima de niños y del patrimonio de las víctimas secuestradas.
La fragilidad institucional del período de transición y la débil consolidación del compromiso ciudadano con las instituciones democráticas debido al terror de la dictadura, favorecieron la promulgación de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida mostrando debilidad en el poder del gobierno.
La gestión del radicalismo terminó con un absoluto descontrol de la economía con un fenómeno hiperinflacionario erosionando la moneda y la autoridad política del Presidente. Los grupos económicos y los sindicatos se opusieron una y otra vez a las propuestas e iniciativas del gobierno. Las organizaciones obreras llevaron a cabo 13 huelgas generales. Los grupos económicos en la medida que el Estado dejaba de ser su socio subsidiario (como el tiempo de la dictadura y antes también) se vincularon a sectores del mercado internacional y ensayaron el “golpe de mercado”: la hiperinflación.
Este conflicto interno entre los sectores dominantes y el gobierno genero el proceso inflacionario que a su vez fue un poderoso instrumento de disciplinamiento social.
El conflicto aceleró el traspaso del mando a un presidente electo por el pueblo.
3. La democracia en tiempos de la reforma neoliberal: la era menemista
Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Por la crisis adelantó la fecha de elecciones al 14 de mayo (siete meses antes) y ante una inflación elevadísima, y saqueos a los supermercados, debió establecer el estado de sitio el 30 de mayo y luego anunció la entrega del mando en julio de ese año.
Menem asumió con un discurso populista anunciando “revolución productiva y salariazo” dentro de el segundo período de transición hacia la consolidación de la democracia y con el objetivo de subordinar a las fuerzas armadas y estabilizar la economía.
De acuerdo al diagnóstico del Consenso de Washington, los gobiernos debían reducir drásticamente el déficit fiscal, abrir la economía desregulando bienes y servicios, liberalizando comercio y finanzas, privatizando las empresas estatales y achicando el Estado, con el objetivo de pago de la deuda externa.
La ortodoxia liberal aseguraba que cumpliendo esas pautas se activaría la economía y la sociedad gozaría del “efecto derrame”, se pagaría la deuda externa y los salarios aumentarían su poder adquisitivo.
El gobierno buscó el apoyo de los sectores mas poderosos de la economía nacional y de los organismos internacionales, conformando una alianza gobernante conservadora respaldada por el establishment internacional para dar marcha a la Reforma del Estado y la reestructuración económica.
Promulgó la Ley de Convertibilidad estableciendo un tipo de paridad del peso con el dólar (1 a 1) que controló inmediatamente la inflación e impulsó esto la reorientación de los capitales a la importación antes que a la producción. Esto se vio favorecido a su vez por la liberalización de los aranceles aduaneros y el tratamiento igualitario de capitales locales y foráneos. Esto en poco tiempo produjo el desmantelamiento de la industria nacional (pequeña y mediana empresa), afectando severamente el empleo y llegando el desempleo a tener dos dígitos por primera vez en la historia.
La Reforma Laboral que buscaba aumentar el empleo, aumento y expandió la precarización laboral. La economía se estabilizó pero en términos sociales la redistribución del ingreso fue excluyente para amplios sectores de la sociedad. La pobreza y la indigencia aumentaron considerablemente.
A la “pobreza estructural” histórica se sumó la aparición de “nuevos pobres” que venían de los estratos medios empobrecidos por el proceso de ajuste, depreciación salarial, precarización laboral y el desmantelamiento del Estado.
Aparecen nuevos actores sociales y políticos como las organizaciones de desocupados identificadas como el movimiento piquetero. Esta heterogeneidad de la estructura social generó a su vez que otros sectores de la sociedad se desmovilicen de manera que se abrió una brecha entre la política (Estado) y la sociedad que termina estallando en diciembre del 2001.
El patrón de acumulación dejó una clara tendencia al deterioro de los niveles de empleo.
Desde 1990 crece la tasa de actividad laboral por un aumento de la población económicamente activa, pero el empleo mantuvo los mismos porcentajes que en la década anterior por lo que aumentó entonces el desempleo
Tasa de actividad: % entre la población económicamente activa y la población total
Tasa de empleo: % entre la población ocupada y la población total
Tasa de desocupación: % entre la población desocupada y la población económicamente activa
La disparidad de tendencia entre el aumento de la tasa de actividad y el descenso de la tasa de empleo, se deben a la precarización de las condiciones laborales que generaron generación de empleo informal y crecimiento sostenido de desempleo por la flexibilización laboral y el achicamiento del Estado.
La dictadura primero, la transición democrática frágil de Alfonsín después y luego la Reforma del Estado de Menem que siguió los postulados del Consenso de Washington minaron la posibilidad del desarrollo social y profundizaron la brecha entre ricos y pobres llegando a una polarización y desintegración social difíciles de revertir. El menemismo estableció alianzas con los sectores más conservadores internos y externos perjudicando a los sectores populares que habían llevado a Menem a la presidencia y destruyendo uno de los símbolos históricos de su partido: La Justicia Social.
En el corto plazo, la victoria sobre la inflación afirmó la popularidad de Menem y del partido peronista a pesar del alto costo social pagado.
En el terreno político, logra la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil a cambio de costos político institucionales y heridas sociales profundas por decretar el indulto a los responsables de la violación a los derechos humanos.
Esto se debió a la presión generada por el Coronel Seineldín.
La concentración del poder con sesgo autoritario y el debilitamiento institucional del sistema de control constitucional (legislativo y judicial) y de los organismos de control (Sindicatura general de la Nación y Auditoria General de la Nación) llevaron al cumplimiento de mandatos internacionales y contradictorios a las expectativas de democratización de buena parte de la sociedad civil.
El congreso permitió a Menem el uso exagerado de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y a su vez constituyó una Corte Suprema a su medida aumentando el número de miembros afines a su politica.
Los actos de gobierno gozaron e la ausencia de practicas de control (accountability horizontal de balance). Y tampoco brindaron garantías de gestión pública las instituciones abocadas al accountability horizontal de asignación (auditorías, fiscalías, defensorías del pueblo).
La corrupción se institucionalizó y a pesar del déficit institucional, la sociedad civil, a través de asociaciones civiles, medios de comunicación, difundieron irregularidades y plantearon a funcionarios que dieran cuenta de sus actos dentro de lo que se denomina accountability vertical societal.
En esta línea se destacan dos tipos de práctica:
Accountability legal donde la acción busca que los funcionarios actúen dentro del marco de la ley y la Constitución
Accountability política donde los ciudadanos buscan por medios no electorales que las políticas gubernamentales respondan a sus preferencias.
El gobierno propició la Reforma Constitucional del año 1994 con el objetivo de permitirle la reelección presidencial.
4. La democracia frente a la crisis del modelo neoliberal: el gobierno de la Alianza.
El sistema de elección y las libertades políticas permitieron una nueva sucesión presidencial con la asunción de la formula De La Rua – Chacho Álvarez a la presidencia y vice de 1999. El electorado apoyó el nuevo proyecto político en repudio al “manoseo institucional” del menemismo.
De la Rua no llevó a cabo grandes cambios en términos de política económica. Tomaron medidas que continuaron con la reproducción de los patrones de acumulación de los años anteriores, profundizando la exclusión, la expropiación del capital social de los sectores populares, flexibilización laboral, intento del recorte del presupuesto de la educación pública. Continuó la convertibilidad y mantuvo su compromiso con el equilibrio fiscal.
Menem había dejado una deuda pública alta y creciente, un permanente déficit fiscal, un tipo de cambio alto para mantener la paridad. Además había recesión en la economía Argentina agravada por la devaluación de Brasil en 1999 que agudizó la crisis.
Dos años después se produce una crisis financiera y política terminal, con la caída de las reservas del Banco Central, la imposición del Corralito financiero (impuesto por Cavallo) determinaron una inseguridad jurídica grave al promover la expropiación del patrimonio social.
La crisis financiera provocó la crisis social con aumento del desempleo, indigencia, pobreza, exclusión, hambre, desnutrición. Esto generó una grave crisis política institucional.
Al mismo tiempo continuaba como en el gobierno anterior la crisis de la corrupción institucional que estallo con la renuncia del vicepresidente por el caso de los sobornos pagados a senadores para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral.
En las elecciones legislativas de octubre de 2001 se dio un nuevo fenómeno llamado VOTO BRONCA con la acumulación de votos en blanco, nulos e impugnados o directamente la ausencia a los comicios.
Finalmente De la Rua renunció en diciembre de 2001 en medio de manifestaciones populares conocidas como CACEROLAZOS.
Hay una sucesión de presidentes hasta las nuevas elecciones del 2003, con Ramón Puerta, Presidente Provisional del Senado, luego Adolfo Rodriguez Saa, elegido por la Asamblea legislativa, luego Eduardo Caamaño, Presidente de la Camara de Diputados y finalmente el Senador Eduardo Duhalde que concluyó el período de De la Rua hasta diciembre de 2003.
5. La democracia en tiempos de rupturas y continuidades: período 2003 – 2007
Duhalde sancionó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. El poder Legislativo delegó en el Poder Ejecutivo las facultades para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado; para reactivar el funcionamiento de la economía, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y reglar la reestructuración de las obligaciones afectadas por el nuevo régimen cambiario. Deroga la ley de convertibilidad y autoriza al ejecutivo a renegociar los contratos con las empresas privatizadas.
Esta ley permitió encausar la crisis y aun hoy permanece vigente.
En las elecciones de abril de 2003 gana Kirchner al renunciar Menen a la segunda vuelta electoral.
En este período hubo tasas de crecimiento económicos del 8 al 9% anual. El modelo se basa en la sustitución de importaciones y el impulso a las exportaciones.
Hubo una fuerte crítica al neoliberalismo, y se resignificó el rol del Estado. Recuperó su financiación a partir de un reordenamiento de las cuentas públicas que permitió superávit fiscal durante todo el período y también superávit comercial a partir de los nuevos patrones de intercambio con el mercado internacional.
EL pago de 9500 millones de dólares al FMI simbolizó la ruptura con el modelo anterior y recuperó la soberanía política.
Las empresas privatizadas en los ’90 se transformaron en monopolios de gran rentabilidad que a su vez provocaron el deterioro del Estado. En la etapa Kirchnerista, la relación del Estado con las empresas privatizadas sufrió modificaciones. Algunas, por incumplimiento de contratos fueron reestatizadas como Aguas Argentinas y Correo Argentino. Las tarifas de servicios quedaron congeladas a partir de subsidios otorgados por el Estado para evitar aumento de las mismas y afectar a los sectores medios y populares.
Con relación a los recursos naturales (petróleo, minería) persistieron los marcos regulatorios que favorecieron la inserción de capitales extranjeros, especialmente en la explotación minera.
En términos sociales, el crecimiento económico logró un importante aumento del empleo. El aumento de la tasa de actividad (aumento de la población económicamente activa) se acompaño con un aumento del empleo y una reducción de la desocupación.
Igualmente la precariedad laboral se mantuvo constante y esto se vincula con la informalidad (empleo en negro) lo cual deriva en el no pleno acceso de las familias a los beneficios del sistema de seguridad social (previsión, asignaciones familiares, obras sociales, seguro de desempleo).
Es destacable que a partir de 2004 y luego de 11 años de ausencia, se reunió la Comisión del Salario Mínimo y hubo alza generalizada de los salarios y jubilaciones. También hubo una tendencia al aumento de la participación del salario en el Producto Bruto Interno.
A pesar de estas variables positivas, las diferencias sociales y económicas que dejó el modelo de acumulación creado en la dictadura y consolidado en los ’90, no se han modificado. Los niveles de pobreza e indigencia siguen siendo altos considerando el elevado ritmo de crecimiento económico observado en el período K.
Los factores macroeconómicos marca una tendencia general a la redistribución de la riqueza pero persisten altos niveles de inequidad debido a la ausencia de una reforma de la estructura impositiva fuertemente regresiva que viene del neoliberalismo y que no permite que el aumento de salarios y el empleo incidan en la desconcentración de la riqueza.
En el período, la masa de ingresos concentra el 50% en el 20% de la población de mayores ingresos, el 13% en los sectores más bajos y el 37% en los sectores medios.
Igualmente hay que destacar avances en la búsqueda de soluciones referidas a
Luchas sociales
Orientación del gobierno
Intervención del Estado
Hubo una recuperación del rol sindical en la movilización social que a partir de 2004 se focalizó en la búsqueda de aumentos salariales y mejoras laborales.
Se desmovilizó el movimiento de desocupados a través de la concesión de planes sociales y la incorporación al proyecto político legitimándolos (Barrios de Pie, MTD-Evita y Federación de Tierra y Vivienda)
El Estado se vinculó a la cuestión social promoviendo la restitución de derechos a partir de la expansión del empleo y amparando la lucha salarial a través de la reactivación de los convenios colectivos y con la política asistencial en algunas áreas y política integral en otras.
En lo político hubo señales de cambio en derechos humanos y en la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La condena a las violaciones de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar fue una política de Estado. Impulsó la figura del genocidio en lugar de la teoría de los dos demonios y una política de la memoria. Derogó las leyes de Punto Final y Obediencia debida abriendo la posibilidad de iniciar diversos juicios contra personas involucradas en la violación de derechos humanos entre 1976 y 1983.
Con la renovación de nuevos miembros en la Corte Suprema de Justicia se demostró pluralidad e independencia con respecto al ejecutivo.
El fortalecimiento institucional sufrió un retroceso con la reforma que modificó la composición del Consejo de la Magistratura.
El consejo de la magistratura es la institución responsable de la selección de los magistrados de los tribunales inferiores y de la administración del poder Judicial. La modificación fija un total de 13 miembros consejeros que favoreció al poder Ejecutivo frente al control del Consejo frente al legislativo y el Judicial.
El ejercicio delegativo del poder se mantuvo vigente y tuvo impulso debido al uso frecuente de los Decretos de Necesidad y Urgencia apoyados por la ley de Emergencia Pública de Duhalde.
Esto fue profundizado por la “Delegación de Facultades Propias” del Congreso al Ejecutivo por medio de la Ley de Administración Financiera que permite al Jefe de Gabinete modificar a su voluntad el Presupuesto sancionado por el Congreso. Esta delegación se conoce como “superpoderes” y son facultades que el Congreso ha cedido y que el Gobierno Nacional utiliza para esquivar la participación parlamentaria en la definición y control de los gastos del Estado, en detrimento del régimen federal.
Por tanto, el accountability horizontal de balance y el horizontal de asignación continúan debilitados.
Asimismo, los partidos tradicionales continuaron en su tendencia a la fragmentación y al personalismo lo que supone una marcada crisis de las identidades políticas y esto supone una mayor concentración del poder en el Ejecutivo ya que al no haber cohesión en las alternativas políticas al oficialismo, no hay posibilidad de lograr mayorías parlamentarias.
6. La democracia en tiempos de una presidente mujer: la elección de Cristina Fernández de Kirchner
La recuperación económica permitió al Frente para la Victoria el apoyo del electorado para una nueva gestión en manos de la esposa de Kirchner.
Los sectores medios de las grandes ciudades votaron a la oposición por motivos que iban desde la demanda de transparencia y control a la seguridad y cierto renovado antiperonismo ante la identificación del kirchnerismo al partido tradicional.
Cristina ganó con el 45% de los votos pero con una gran ventaja sobre la segunda fuerza política encabezada por Elisa Carrió.
Tuvo mayoría en ambas cámaras legislativas. Por esto se explica el mantenimiento de la delegación de las facultades legislativas en el PEN.
